Una breve reseña de la situación de la ejecución de sentencias extranjeras tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos vinculados a España.
Dada la gran cantidad de comercio entre las naciones de la Unión Europea, no sorprende que surjan muchas disputas transfronterizas y terminen siendo litigiosas. Sin embargo, esto puede conducir a un problema difícil. ¿Cómo puedo yo, como parte en un caso legal, estar seguro de que la decisión final del tribunal se aplica a la parte contraria, incluso si tiene su sede en el extranjero? Durante varias décadas, la UE ha desarrollado un conjunto de reglas para resolver este problema, conocido como el Régimen de Bruselas, que permite una aplicación mucho más libre de las sentencias de los tribunales civiles y comerciales entre sus estados miembros. Ahora que el Reino Unido ha abandonado la Unión, es importante comprender qué ha cambiado, qué no y cómo será el futuro de esta relación.
Según el Convenio de Lugano de 2007, parte del Régimen de Bruselas, existen muy pocas barreras para hacer cumplir una sentencia de un tribunal civil en otro país de la UE. Excepto en casos excepcionales en los que, por ejemplo, una decisión es manifiestamente incompatible con el derecho público del país en el que se va a ejecutar, basta con una traducción de la sentencia y un certificado judicial. Como parte de la Unión Europea, estas reglas se aplicaron oficialmente en el Reino Unido hasta el 31 de enero de 2020. Además, cualquier caso judicial presentado antes del final del período de transición el 31 de diciembre estaba y sigue estando sujeto a este sistema más fluido.
Sin embargo, en lo que respecta a los casos que comienzan después de esa fecha, el Reino Unido ya no sigue el Convenio de Lugano y, por lo tanto, son necesarios nuevos procedimientos. Una sentencia española, por ejemplo, ya no es inmediatamente ejecutable en Gran Bretaña. Se tendría que presentar una demanda totalmente separada en un tribunal británico seguido de un proceso de meses incluso sin defensa. Además, las normas del Régimen de Bruselas en materia de competencia han dejado de aplicarse, dejando la puerta abierta a dos procedimientos sobre el mismo caso que se desarrollen simultáneamente en el Reino Unido y España. Es probable que todo esto resulte muy costoso y requiera mucho tiempo para cualquiera que esté pensando en involucrarse en disputas legales que involucren a España y el Reino Unido.
El 8 de abril de 2020, el Gobierno del Reino Unido solicitó formalmente volver a adherirse al Convenio de Lugano como estado independiente. Si esto se acepta, la aplicación de las sentencias civiles volverá a las normas anteriores al Brexit. Sin embargo, para que el Reino Unido vuelva a entrar sería necesario que todos los demás países que han firmado el Convenio de Lugano dieran su consentimiento y, hasta ahora, sólo Islandia, Noruega y Suiza lo han hecho.
Aun así, existe otra forma de evitar estos problemas. El Convenio de La Haya sobre elección de foro de junio de 2005, al que la UE y el Reino Unido adhirieron independientemente, ofrece una solución. Según la Convención, las partes en casos de derecho civil pueden celebrar un “acuerdo de elección de tribunal” y así elegir el tribunal en el que quieren que se tramite cualquier disputa. Este tribunal debe estar en uno de los países que han firmado el Convenio y su decisión es reconocida automáticamente en todos los demás países firmantes. En resumen, esto eliminaría la necesidad de múltiples casos largos y simplificaría significativamente el proceso de resolución de disputas transfronterizas. Para obtener más información, consulte el sitio web de asesoramiento del gobierno del Reino Unido (en inglés) sobre casos civiles y comerciales transfronterizos.
